La absolución de Florence Cassez; motivo de controversia a nivel nacional

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Introducción

En el año 2003, Florence Cassez llegó a México procedente de Francia en busca de nuevos retos y oportunidades en la empresa de venta de material médico de la que era socio su hermano mayor Sébastien, quien en ese entonces estaba establecido en el país desde hacía varios años. Sin embargo, nunca se imaginó la pesadilla que se avecinaba y la injusta penitencia que llevaría en su espalda durante 7 años.

El 8 de diciembre de 2005*, Florence Cassez fue detenida junto a Israel Vallarta Cisneros por autoridades federales en el kilometro 25 de la carretera México-Cuernavaca. Al día siguiente, la ciudadana francesa fue exhibida por las autoridades policiales ante los medios de comunicación,  en una transmisión a nivel nacional, como la secuestradora de 3 personas que supuestamente se encontraban cautivas en el “Rancho las Chinitas”, propiedad de su ex novio Israel Vallarta. Lo anterior sería más adelante denominado por la Suprema Corte como  un montaje o “una escenificación ajena a la realidad”.

Acto seguido, las autoridades la pusieron a disposición ante el ministerio público acusada de los delitos de secuestro, portación ilegal de armas de uso exclusivo del ejército y delincuencia organizada. Posteriormente, Florence Cassez fue arraigada durante un lapso de 90 días, del 10 de diciembre de 2005 al 3 de marzo de 2006, en el Centro de Investigación. Cabe señalar que debido a la figura de la prisión preventiva que impera en nuestro sistema de justicia, durante su procesamiento Florence Cassez aguardaría encarcelada, primero en la prisión de Santa Marta durante dos meses luego en la prisión de máxima seguridad de Tepepan, hasta el día de su liberación.

Las cosas no podían ir peor, el día 25 de abril de 2008 el  juez de primera instancia la condenó a 96 años de prisión. Posteriormente, tras haber apelado esta decisión a Florence Cassez le fue reducida la sentencia a 60 años de prisión. La inconformidad luego de haber recibido una sentencia nada alentadora, motivó a su defensa a buscar la protección de la justicia federal.

Así las cosas,  el Tribunal Colegiado se pronunció en sentido negativo rechazando el recurso de amparo interpuesto por la defensa de la ciudadana Francesa. Debido a la enorme mediatización que recibió el caso, a su complejidad y al rico contenido jurídico que podría aportar cualitativamente a la jurisprudencia mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió admitir el recurso de revisión interpuesto por la defensa para su análisis.

A continuación, dio inicio una larga y desgastante batalla legal en la justicia federal por su absolución que durante mucho tiempo abrió un debate entre la opinión pública sobre su inocencia o culpabilidad. A 9 años de su detención, en los párrafos siguientes hacemos un breve análisis sobre la resolución que llevó a su liberación y  las razones para sostener su inocencia.

* Según la versión oficial de las autoridades Florence Cassez  fue detenida el 9 de diciembre. Para efectos del siguiente análisis el momento exacto de su detención resulta irrelevante.

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Revisión del caso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Para un mejor entendimiento de la trascendencia y la controversia derivada de la decisión hecha por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa al “Caso Cassez”, se requiere que nos remitamos a lo acontecido el día en que fue resuelto el recurso de revisión interpuesto por la defensa de Florence Cassez, los abogados Agustín Acosta y Frank Berton.

El miércoles 23 de Enero del 2013, a las 2:45 pm, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció a favor del proyecto de resolución del amparo en revisión 517/2011 que proponía la liberación inmediata de la ciudadana francesa. Dicho proyecto fue presentado originalmente por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea el 21 de marzo de 2012. En esa ocasión, el amparo les fue denegado por dos votos a favor por 3 en contra. Los disidentes fueron el Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Jorge Mario Pardo Rebolledo y José Ramón Cossío.

Esta vez, era el turno de la Ministra Olga Sánchez Cordero de presentar su ponencia, la cual sería discutida, y de no llegar a un consenso, se turnaría al Pleno de la SCJN. En ese momento, había varios escenarios posibles, pero los más probables eran el otorgamiento de un amparo para efectos o un amparo liso llano, lo que en otras palabras se traduciría a la reposición del proceso o a la liberación inmediata de la acusada.

El proyecto original de la Ministra Olga Sánchez, preveía la otorgación del amparo para efectos, lo que en caso de aprobarse implicaría la reposición del procedimiento ante una instancia inferior. En este escenario, el tribunal encargado de resolver el asunto no tomaría en cuenta las pruebas que la Primera Sala pudiera considerar inconstitucionales, particularmente aquellas derivadas del montaje, lo que implícitamente se traducía a la inevitable absolución de los cargos imputados a Florence Cassez al no existir posteriormente ninguna prueba contundente a tomar en cuenta en su contra.

La propuesta del amparo para efectos de la Ministra tenía como principal objetivo buscar el quórum requerido para su admisión, puesto que en la sesión pasada el Ministro José Ramón Cossío, propuso el otorgamiento del amparo para efectos. Sin embargo, esta vez ninguno de sus compañeros coincidió con su proyecto y se vio obligada a modificarlo retomando los argumentos del planteado anteriormente por el Ministro Zaldívar.

El proyecto original de la Ministra, se basaba en la refutación de las declaraciones de los testigos, las cuales consideraba inconsistentes y plagadas de contradicciones. Por otro lado, la ponencia del Ministro Zaldívar, se basó su en la teoría del efecto corruptor, según la cual la escenificación ajena a la realidad llevada a cabo por la Agencia Federal de Investigación, generó un efecto corruptor sobre el proceso contaminando el material probatorio y sus resultados. Así mismo, dicho proyecto sostiene que a actuación de los agentes federales transgredió el conjunto de derechos fundamentales que a su vez conforman la esfera jurídica del debido proceso, a saber:

a) El derecho a la presunción de inocencia, contenido en el artículo 20 Constitucional;

b) El derecho a la puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público, estipulado por el artículo 21 Constitucional); y por último:

c) El derecho a la asistencia consular, establecido en el artículo 36, inciso b, de la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, firmada y ratificada por el Estado mexicano. 

El proyecto de resolución propuesto por el Ministro Zaldívar resulta trascendental, puesto que al no haber existido consenso durante la sesión del 23 de enero para el otorgamiento del amparo para efectos sugerido por la Ministra Olga Sánchez, esta decidió de último momento modificar su ponencia por aquella de la teoría del efecto corruptor presentada en un primer momento por el Ministro Zaldívar, el cual planteaba la libertad inmediata de la imputada. Para sorpresa de todos, el Ministro de reciente ingreso, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se pronunció por la liberación inmediata al igual que Arturo Zaldívar, ponente original del proyecto. De este modo, se dio por mayoría de votos (3-2) la liberación inmediata de Florence Cassez.

Si bien es cierto que con la reposición del proceso la SCJN hubiera dado la posibilidad a la defensa de Florence Cassez de demostrar su inocencia y conseguir una nueva sentencia que la absolviera de los crímenes que se le imputaban, los argumentos de la Corte para la otorgación del amparo liso y llano dejan implícitamente claro la inocencia de Florence.

Desgraciadamente, el Máximo Tribunal Constitucional únicamente puede pronunciarse sobre cuestiones interpretativas de la Constitución hechas por tribunales de inferior jerarquía, lo que a su vez implica la revisión de las violaciones a los derechos fundamentales de los inculpados hechas por aquellos, y no así sobre la inocencia o culpabilidad. Al respecto, la Ministra Olga Sánchez, manifestó ante los medios de comunicación con posterioridad a la decisión que significó la liberación inmediata de la quejosa, lo siguiente:

“Nunca nos pronunciamos sobre su inocencia o culpabilidad eso quedó totalmente ajeno a lo que nosotros revisamos el día de ayer miércoles que fue la interpretación directa de la Constitución en relación concreta a los derechos fundamentales de esta quejosa.”

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Liberada aún siendo culpable

Después de que la Ministra Olga Sánchez realizó tales declaraciones, los medios de comunicación aprovecharon este caldo de cultivo para crear sensación, confusión, polémica y seguramente para vender más sus publicaciones. Como bien lo sabemos, en México los medios de comunicación masiva no se limitan cuando se trata de destruir la reputación de alguien, particularmente si de lo que se trata es de manipular la información. Especialmente, si los ciudadanos de nuestro país en su mayoría carecen de cultura jurídica y además solo se limitan a escuchar la versión de los hechos dada por los medios de comunicación imperantes en México lo que es igual a desinformación.

Así lo demuestra la encuesta hecha por la firma consulta Mitofsky sobre la decisión de la SCJN de liberar a la ciudadana francesa. De acuerdo a sus resultados, 7 de cada 10 mexicanos se enteraron de la decisión de la Suprema Corte de dejar libre a Florence Cassez, de los cuales 71 por ciento creen que es culpable, mientras que solo el 7 por ciento piensan que es inocente. Respecto a esta situación, Agustín Acosta, abogado de Florence Cassez, manifestó lo siguiente:

“Entiendo perfectamente por qué la mayoría piensa que Florence Cassez es una secuestradora, porque se los han repetido una y otra vez en los medios.”

Tal controversia se deriva de la afirmación errónea difundida tanto por los medios de comunicación masiva como por algunos usuarios de las redes sociales que Florence Cassez fue liberada siendo culpable, un argumento un tanto tendencioso. Algunas portadas de periódicos en México incitaban a la exaltación de la gente, sedienta de morbo y amarillismo, con títulos sensacionalistas, tales como “Liberan a secuestradora francesa”, “La liberan siendo culpable”, “Falla la corte y deja libre a plagiaria ”, entre otros por el estilo.

Debo reiterar que Florence Cassez fue liberada por que existían violaciones graves al conjunto de garantías individuales que conforman la esfera jurídica del debido proceso. Si bien es cierto que la SCJN no se pronunció sobre su inocencia o culpabilidad, eso no implica que Florence sea culpable, al contrario, con la anulación del proceso por violaciones graves al derecho a la presunción de inocencia y la consecuente liberación inmediata de Florence Cassez; quedó implícitamente demostrada su inocencia. Al igual que su servidor, así lo sostiene Agustín Acosta, uno de los letrados que defendió los intereses de la ciudadana francesa. En entrevista con Reporte Índigo manifestó lo siguiente:

“El proyecto de la Corte dice que las pruebas no son viables, no son creíbles, no son dignas de fe, eso quiere decir que el Ministerio Público no pudo probar, más allá de toda duda razonable, que Florence Cassez era culpable y por tanto lo que procede es ponerla en libertad.

“La Corte efectivamente no hace el análisis de los hechos pero a través de las violaciones nos dice una cosa: las pruebas que sirvieron para condenar a Florence Cassez no sirven. El ministerio público no pudo probar, no pudo vencer la presunción de inocencia de Florence Cassez, con eso quiero decir que es una persona hoy inocentada por la justicia”, sostuvo.

Retomemos de nuevo el argumento motivo de polémica; “la Corte no se pronunció sobre su inocencia o culpabilidad”. Sin embargo, sabemos que el máximo tribunal determinó que se había violado su derecho a la presunción de inocencia. Tal principio significa que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora bien, partiendo del principio anterior, reflexionemos lo siguiente.

De acuerdo a la teoría del efecto corruptor expuesta por Ministro Arturo Zaldívar en su proyecto de resolución, la escenificación ajena a la realidad generó un efecto corruptor sobre el proceso, viciando las pruebas y los resultados derivados de este. Por lo tanto, todo lo que siguió después del montaje, tal como las sentencias de primera y segunda instancia, no tiene valor por basarse en pruebas viciadas. En otras palabras, no existe prueba de cargo contundente que pruebe la culpabilidad de Florence y que sea capaz de trascender las barreras de la presunción de inocencia.

Lo anterior, significa que toda resolución basada en las pruebas derivadas del montaje, tales como los testimonios de las supuestas víctimas, carecen de veracidad. Por tal motivo, estas pruebas no nos conducirán al esclarecimiento de los hechos ni a la obtención de la verdad material, puesto que las mismas se vieron afectadas por la escenificación ajena a la realidad. A excepción de Ezequiel Elizalde, quien señaló a Florence Cassez la misma noche de los hechos, Cristina Ríos y su hijo, incriminaron a Florence Cassez unos días después de la aceptación pública del montaje por parte de las autoridades federales.

A partir del momento en que las autoridades policiacas y judiciales violaron los derechos a la presunción de inocencia, a la puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público y a la asistencia consular inmediata de Florence Cassez, el proceso se vició y uno de sus finalidades es la averiguación de la verdad y la obtención de justicia. Asimismo, para que el juicio sea considerado como justo y equitativo, debe de llevarse a cabo en cumplimiento de sus formalidades esenciales y en pleno respeto de los derechos fundamentales del inculpado. Lamentablemente para Florence Cassez e Israel Vallarta no fue así, ya que todo se trato de un proceso construido en base a mentiras y violaciones a sus derechos humanos.

Por tal razón, si la SCJN determinó que fue violada la garantía al debido proceso, y según John Rawls, el debido proceso debe ser entendido como aquel razonablemente estructurado para averiguar la verdad y todo esta farsa empezó con una gran mentira; ¿cómo pretendemos llegar al esclarecimiento de los hechos y al conocimiento de la verdad? De ninguna manera es posible. Es cuestión de lógica y razón, dos elementos básicos del derecho.

Conclusiones

El caso Cassez debido a sus implicaciones mediáticas, políticas, diplomáticas y legales, ha sido uno de los asuntos más trascendentales de la historia de la justicia mexicana. El mensaje de la Suprema Corte con la absolución de Florence Cassez es simple; nada ni nadie está por encima de la ley. No estamos más en la época de la inquisición, vivimos en un estado democrático regido por un sistema acusatorio, en donde debe imperar el debido proceso, la presunción de inocencia, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de la justicia y la verdad. En este sentido, Cecilia Medina Quiroga nos dice:

“El debido proceso es una piedra angular del sistema de protección de los derechos humanos; es, por excelencia, la garantía de todos los derechos humanos y un requisito sine quo non para la existencia de un Estado de derecho”.

En cuanto a los testimonios, el Ministro Zaldívar en su teoría del efecto corruptor señaló que las declaraciones de los testigos se vieron influenciadas por las imágenes transmitidas en televisión relativas al montaje, por lo que carecen de fiabilidad para sustentar las acusaciones. Asimismo, el proyecto original de la Ministra Olga Sánchez reposaba en la anulación de las declaraciones de los testigos por considerarlos contradictorios y plagados de inconsistencias. Quizás la única crítica concerniente al proyecto del Ministro Zaldívar sería la falta de argumentación para desacreditar la fiabilidad del testimonio de Ezequiel Elizalde.

Por otro lado, creo que Florence Cassez debe ser vista como una víctima de las deficiencias del sistema, de las autoridades y de los medios de comunicación. En este sentido, las autoridades federales involucradas en la puesta en marcha del montaje deberían de ser castigadas. En cuanto a las víctimas, solo me queda decir que las mismas tienen derecho a la restitución de los daños y a que se les haga justicia, siempre y cuando los verdaderos responsables de la privación ilegal de su libertad sean capturados y juzgados conforme a un debido proceso.

Por último, la trascendencia del caso puede traducirse en la creación de jurisprudencia relativa al debido proceso. Algunas de las tesis aisladas que surgieron a raíz de la absolución de Florence Cassez son las siguientes: a) Efecto corruptor proceso penal. Condiciones para su actualización y alcances; b) Derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el ministerio público. Elementos que deben ser tomados en cuenta por el juzgador a fin de determinar una dilación indebida en la puesta a disposición; y c) Presunción de inocencia como regla de trato en su vertiente extraprocesal. Su contenido y características.

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Publicado en Derecho Penal, Derechos Humanos, Fábrica de Culpables, Florence Cassez
2 comments on “La absolución de Florence Cassez; motivo de controversia a nivel nacional
  1. SANDRA dice:

    BRENDA QUEVEDO INOCENTE EL 100℅#100 YO CREO EN SU INOSENCIA MUY PRONTO SE COBENCERAN ADELANTE BRENDA

    Le gusta a 1 persona

  2. Gracias por tu comentario Sandra. Saludos,

    Me gusta

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