Nuevo sistema de justicia: oportunidad para frenar abusos

JORGE A. ROMERO @YorchAromero


 No es difícil  entender la diferencia entre el nuevo sistema de justicia y el anterior: sólo hay que tener claro que el viejo paradigma partía de un principio inquisitorio: todos son culpables hasta que demuestren lo contrario.

Asistí hace unos días  a un curso sobre el nuevo sistema de justicia penal impartido por Marco Lara Klahr, experto en periodismo judicial e ideólogo de una nueva forma de ejercer la profesión con una perspectiva de respeto a los derechos humanos.

 Después de asistir al curso, que funcionó también como taller, no puedo más que aceptar que la mayoría de los diarios y medios de comunicación ejercen el periodismo judicial de una manera bárbara, sin considerar algo que debería ser el eje de nuestro trabajo: el ser humano como sujeto de derechos consustanciales a su condición.

 No es difícil  entender la diferencia entre el nuevo sistema de justicia y el anterior: sólo hay que tener claro que el viejo paradigma partía de un principio inquisitorio: todos son culpables hasta que demuestren lo contrario. Por eso, porque todos somos potenciales delincuentes bajo ese paradigma, entonces debemos tener un sistema que busque castigar: necesitamos miles de policías para atrapar a todos los delincuentes que hay en la calle.

 Con el nuevo sistema se plantea una visión que parte desde una óptica absolutamente distinta: el castigo debe ser el último recurso, la instancia final, cuando ya no quede otra opción. Pero además con el nuevo sistema la seguridad deja de ser un mecanismo de control social y se transforma en derecho humano: la persona se vuelve el centro de gravedad.

 El Estado entonces deja de ver al sistema de seguridad como un asunto de policías y ladrones y ahora lo que busca es garantizar la seguridad como un derecho humano.

Para alcanzar este nuevo paradigma hubo un proceso de reformas que comenzaron en 2008 y que aún siguen su curso. Según explicó Lara, son seis momentos en los que se desmenuza la reforma: en 2008 (cambios constitucionales en seguridad y justicia); en 2011 (derechos humanos); en enero (ley general de víctimas) y abril de 2013 (nueva ley de amparo); y en marzo (promulgación del nuevo código de procedimientos penales) y diciembre de 2014 (ley general de los derechos de niños, niñas y adolescentes).  

Todos estos momentos estructuran el nuevo modelo de justicia que ahora busca ser acusatorio.

 La reforma de junio de 2011 es uno de los ejes porque vertebra los cambios constitucionales en materia de derechos humanos. De acuerdo con Lara Klahr, quien es director del Programa de Medios y Justicia del Instituto de Justicia Procesal Penal, esta etapa constituye un salto para nuestro país porque adopta una serie de tratados internacionales que firmó nuestro país y que tienen carácter vinculante.

El corazón de esta reforma es el artículo 1 constitucional porque incorpora el principio pro persona que establece que todos gozamos por igual de derechos humanos y porque obliga al Estado a brindar la mayor protección posible a la persona. En caso de proceso penal, ésta debe recibir la menor afectación.

 Además responsabiliza por primera vez a los servidores públicos y los obliga a proteger, defender y actuar frente a cualquier violación de derechos humanos.

Aquí el problema es que los servidores públicos no van a cumplir por sí mismos el mandato constitucional. Una sociedad informada sobre los alcances de la reforma es el mejor antídoto contra los abusos  que perpetran los servidores públicos en el proceso de solución de conflictos.

Por ejemplo, explicó Lara, la ley general de víctimas es un triunfo y es resultado de la presión del movimiento de víctimas del cual una figura clave es Javier Sicilia. Y es un triunfo para la sociedad porque crea un estándar normativo para quienes hayan sido víctimas de la violación de sus derechos humanos por parte de las instituciones.

 Desaparición forzada, detención arbitraria, tortura, violación al debido proceso, revelación de datos y discriminación, son algunos de los casos en que las instituciones atropellan a quienes tienen la desgracia de ser simplemente sospechosos.

 Casos hay por toneladas, pero podemos citar algunos recientes como el caso del multihomicidio en la Narvarte, en donde una de las víctimas de homicidio, Mile Virgina Martí, mujer de origen colombiano, ha sido estigmatizada sólo por su nacionalidad. Además una línea de investigación fue hecha pública al ser filtrada a los medios de comunicación, lo que viola el debido proceso.

 En este caso no sólo las instituciones pasan por encima de los derechos de las víctimas, también los medios de comunicación son responsables.

 Este viernes 7 de agosto SDPnoticias publicó una entrevista con Norma Lucía Bermúdez, profesora en la Universidad del Valle en Cali, Colombia, quien señaló que su connacional recibió un trato inadecuado en el momento en que se hizo público que el crimen pudo ser ocasionado por sus presuntos vínculos con grupos delictivos.

Bermúdez explicó que vincular a Colombia con grupos delictivos es un estigma negativo para las mujeres de aquel país.

 Prejuzgar y estigmatizar es común en México. ¿Cuántos agentes investigadores prejuzgan con sólo observar el aspecto de una persona acusada en un conflicto?

Los medios, por otra parte, hemos sido responsables de publicar fotografías de personas involucradas en un conflicto de carácter penal sin que exista resolución alguna de un juez. Las presentamos como sospechosas de delitos que no han sido comprobados.

 El nuevo sistema de justicia acusatorio es una oportunidad para que las personas sean tratadas como tales: como seres con derechos, no como objetos ni como animales. El proceso de aprendizaje será lento, pero es peor no empezar nunca.

Para ello es preciso tener en cuenta al menos lo siguiente: el sistema acusatorio garantiza dos ramas del derecho: el debido proceso penal y los derechos de la persona.

¿Qué es el debido proceso? Tener derecho a que me escuchen, a que investiguen en caso de ser acusado.  La víctima tiene derecho a la protección inmediata  de la justicia, tiene derecho a levantar una denuncia, a ser defendida mediante asesoría jurídica, a tener derecho a un intérprete, a guardar silencio, a no ser torturada y a no tener tratos inhumanos crueles y degradantes.

Fuente: //www.sdpnoticias.com/

Anuncios
Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Publicado en Derecho Penal, Derechos Humanos, Reforma Judicial

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Introduce tu dirección de correo electrónico para seguir este Blog y recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 2.854 seguidores

Síguenos en Twitter
Secciones
A %d blogueros les gusta esto: