Alarma la tortura

  • De cada 10 casos en el Tribunal Unitario, hay 7 quejas

Francisco Araujo Aguilar, Magistrado. Foto: El Sol de León.

Manuel Álvarez

Guanajuato, Gto.- “Los actos de tortura siguen permeando de forma muy alarmante en nuestra sociedad”, admitió el Magistrado Titular del Tercer Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región en Guanajuato, Francisco Javier Araujo Aguilar, al afirmar que “cuando nosotros resolvemos aquí los asuntos, es raro el asunto en el que no veamos en que los imputados o procesados aleguen haber sido objeto de tortura. De cada diez casos que atiende el tribunal, en siete hay quejas de tortura.

Al disertar la conferencia magistral sobre “La tortura como violación a derechos fundamentales y su trascendencia en el proceso penal”, el Magistrado dijo de entrada que “desafortunadamente la realidad que vivimos no es muy halagüeña, porque se habla mucho de la violación a los derechos fundamentales en nuestro país, entre otras cosas, a la integridad personal a través de la tortura”.

En lo que fue la segunda conferencia magistral en el marco de los festejos por el 30 aniversario de la instalación del Tribunal Colegiado del XVI Circuito, el Magistrado apuntó: “la tortura es una actividad que debe ser proscrita en nuestro sistema legal en la actividad y en la actuación de nuestras autoridades, sobre todo en materia penal y digo en materia penal porque la tortura no necesariamente debe darse en lo que es el ámbito del proceso o de lo que es una investigación”.

Sin embargo “lo que atañe el proceso penal, está relacionado precisamente con una investigación en la que una persona es señalada como imputable en algún asunto de índole penal”.

“En México a la fecha han realizado algunas reformas a la Constitución y ha suscrito y ratificado algunos instrumentos internacionales en el que precisamente, con la finalidad de erradicar de la actuación de las autoridades ese cáncer que nos aqueja”.

“La tortura como un mal social, trae como consecuencia, no solamente la degradación de una persona desde el punto de vista físico, es decir, una persona que es sometida a actos de tortura, obviamente que trastoca su integridad personal, siendo esta, el derecho fundamental que tanto las autoridades mexicanas, como las instituciones internacionales, están preocupadas por erradicar”, refirió el magistrado Araujo Aguilar.

“La tortura, al verse presente en las autoridades encargadas de la procuración de la justicia en algunos casos, constituye un mal social que debe ser erradicado. México ha suscrito algunos instrumentos internacionales con el cual pretende precisamente erradicar esa actividad irregular”.

Asimismo, apuntó que “cuando una persona es detenida, es sometida no solamente a la privación de su libertad, sino que se encuentra en un estado de vulnerabilidad tal, que es necesario garantizar su integridad física y su integridad psicológica”.

Y es que dijo que “torturar a una persona no implica nada más infringirle golpes, amenazarla, etc., incluso puede llegarse a la tortura a través de amenazas, pues al decirles que lo van a torturar, es tratar de vulnerar la personalidad de un sujeto”.

Posterior a la conferencia, en entrevista para la OEM, refirió que “no hay medios suficientes para poder investigar los actos de tortura, porque no hay médicos, no hay expertos en esa materia suficientes”.

“Esto quiere decir que el delito de tortura sigue permeando en nuestra sociedad de manera importante. En las cifras oficiales, nuestras autoridades del Ejecutivo e incluso del Legislativo, podrán decir muchas cosas, que ya disminuyó, que ya es menos; sin embargo, nosotros aquí en los tribunales advertimos que en cada asunto que nos llega, en muchos de los asuntos se alega precisamente la tortura”, admitió el Magistrado.

Estimó que “de diez casos, yo creo que siete de ellos son los que alegan torturas. De que sea cierto o no, eso ya es otra cosa, pero en muchos de los casos se da santo y seña de qué es lo que se realizó para poder obtener una confesión. Normalmente la tortura se alega por eso, porque se obtuvo una confesión dentro del proceso”.

Finalmente, manifestó que el llamado que hizo durante su ponencia fue para que jueces y los mismos magistrados soliciten la investigación cuando se reportan los casos de tortura “ese criterio es novedoso de la Corte, bueno es del 2014, pero sí, durante la plática yo comentaba que los actos de tortura se pueden analizar en dos vertientes, como delito y como una violación a los derechos fundamentales”.

“Es mi obligación de informar al Ministerio Público cuando se denuncian casos de tortura y si por otra parte, advierto que esa confesión se está tomando en cuenta para poder resolver un asunto, entonces yo como juzgador tengo que realizar una investigación, allegarme los medios de prueba para ver si la debo o no tomar en consideración”.


Fuente: OEM – El Sol de Guanajuato

*Noticia originalmente publicada el 11 de agosto de 2015
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Publicado en Derecho Penal, Derechos Humanos, Local, México, Tortura

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