EN VEZ DE INDAGAR, FISCALÍAS DENIGRAN A VÍCTIMAS DE TORTURA

Por bajopalabra

México, D.F. | 17:26 // 14 septiembre, 2015

Castigar la tortura en México es casi imposible porque los peritos encargados de comprobar el delito –adscritos a la Procuraduría General de la Republica (PGR) y a las procuradurías estatales– cometen irregularidades, que van desde criminalizar a las víctimas hasta aplicar pruebas psicológicas para desestimar las denuncias.

En vez de aplicar pruebas para correlacionar los hechos denunciados con la sintomatología psicológica y física de mujeres y hombres sobrevivientes de tortura, los peritos oficiales realizan estudios de personalidad, interrogatorios de hasta 12 horas y exámenes médicos que en vez de contribuir a la investigación denigran a las víctimas.

Esto es lo que ha visto Edith Escareño Granados, coordinadora de Rehabilitación del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), una agrupación con sede en esta capital y en el estado de Guerrero, con poco más de una década de experiencia en la aplicación del Protocolo de Estambul, una serie de directrices para investigar tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Desde sus inicios en 2004 hasta 2015, el CCTI ha atendido 50 peticiones para determinar la existencia de tortura; el grueso de solicitudes se dio a partir de 2010, de éstas, en 41 casos se aplicó el Protocolo de Estambul y en nueve se trató de mujeres, ocho de ellas torturadas sexualmente.

A pesar de que pareciera que en los últimos tres años las denuncias por tortura van a la baja, el CCTI cada vez recibe más peticiones para indagar este crimen, por ello esta agrupación junto con otras organizaciones civiles pide que la nueva Ley General de Tortura, anunciada por Enrique Peña Nieto el pasado 2 de septiembre, garantice la efectiva y oportuna participación de especialistas en la materia.

Al CCTI, explicó la también psicóloga, le preocupa que en la actualidad quienes investigan ese crimen, estipulado en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, que data de 1991, son peritos de la PGR sin imparcialidad e independencia, a lo que se suma que las víctimas enfrentan una odisea para que las autoridades acepten peritajes de expertos independientes.

Declaraciones bajo tortura
Escareño Granados dijo que como lo afirmó el relator especial de la ONU sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan E. Méndez, en su visita a México entre abril y mayo de 2014, este crimen es un problema sistemático porque se usa cotidianamente en las investigaciones del Ejército, Marina y fuerzas de seguridad.

En este sentido, sostuvo que la tortura se usa en dos contextos: el primero para amedrentar movimientos sociales, activistas, periodistas, defensores de Derechos Humanos; y el segundo, en la guerra contra el narcotráfico para presentar a presuntos delincuentes, cuyas declaraciones fueron obtenidas mediante coerción.

Como ejemplo de la tortura en contextos sociales, está el caso de las 11 sobrevivientes de tortura sexual en los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, que participaban en una movilización en contra de la privatización de la tierra, y quienes mantienen una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A ellas se sumaron las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes en 2002 fueron agredidas sexualmente por militares en Guerrero. Ambas participaban en agrupaciones sociales de la entidad donde la población indígena mantenía diversas luchas por la tierra y la seguridad.

La especialista dijo que a partir de 2006, con Felipe Calderón en la Presidencia, y ahora con Enrique Peña Nieto, aumentaron las detenciones de personas supuestamente vinculadas al narcotráfico  pero torturadas, quienes lo único que tienen en su contra son sus propias declaraciones, por lo que el CCTI –que sólo se vinculaba en casos de tortura en contextos sociales– ahora ha dado un giro para atender otras denuncias.

Los ejemplos de tortura para obtener declaraciones también ocurre en mujeres, como le sucedió a Claudia Medina Tamariz, veracruzana torturada por la Marina en 2012 y acusada de ser integrante del cártel Jalisco Nueva Generación; o lo que le pasó a Belinda Garza Melo, torturada por la Policía Federal Preventiva en 2007 en el estado de Coahuila, y acusada de ser integrante del cártel del Golfo.

Ambas mujeres obtuvieron su libertad al no comprobarse su culpabilidad, pero el castigo a sus torturadores sigue pendiente.

Al respecto, abundó Escareño Granados: “Ahora la gente está buscando más, investiga, intenta denunciar pero se encuentra con todos los obstáculos: es intimidada por las autoridades, se les pregunta si están seguros porque (los torturadores) saben dónde viven, porque son policías, o porque es un trámite burocrático de ‘en esta venilla no es’, no hay orientación, y hay maltrato hacia las personas que intentan denunciar”.

Investigación del delito
En junio pasado, la CIDH llamó a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a investigar de oficio todas las denuncias sobre torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, o cualquier situación donde haya una razón fundada para creer que se cometió un acto de tortura.

En contraste, en México los ministerios públicos no investigan de oficio la tortura, y en la mayoría de los casos son las víctimas quienes inician la denuncia y la propia indagación, por lo que el CCTI ha documentado casos y detectado que la tortura sexual ocurre en prácticamente todos los casos, de hombres y de mujeres.

Aunque en las mujeres es recurrente la violación sexual, este tipo de violencia está presente en todos los casos. La activista señaló: “Decimos que hay violencia sexual por el sólo hecho de desnudar a las personas, que haya tocamientos o toques eléctricos en genitales o en cualquier parte del cuerpo. Incluso las humillaciones y amenazas, o los insultos con contenido sexual”.

Otra característica importante es que los perpetradores de la tortura son funcionarios de todos los niveles de seguridad, policías, marinos, miembros del Ejército, Policía Federal, Policía Ministerial, estatal, y también quienes están alrededor, que la permiten o participan de manera indirecta en las humillaciones.

“La gente que no certifica las lesiones, que cuando las personas les dicen que fueron golpeadas, las desestiman y no les hacen caso; los ministerios públicos que ordenan regresar a la persona si no dice lo que se le dijo que dijera (…). Aunque son los menos investigados, hay que ponerlos ahí porque son los responsables de denunciar y de fomentar la tortura”, advirtió Edith Escareño.

A tales obstáculos se suma que desde que una víctima solicita un Protocolo de Estambul independiente pueden pasar muchos años, “ya que no logran cómo identificar quién puede realizarlo; pasa tiempo para que la autoridad acepte el perito independiente, y en otros casos no ha trascendido la denuncia o la gente no tiene defensa (abogados), o saben que existe la prueba pero no saben en qué momento del proceso presentarla, o en qué va a ayudar en su defensa”.

Así que la especialista apuntó que el tiempo también es un factor en contra porque entre más pase es más difícil comprobar los hechos, más si se toma en cuenta que los protocolos de las procuradurías consideran que si no hay huellas físicas entonces no hay tortura, y en la parte psicológica, si no están bien documentados los síntomas de estrés postraumático, “no hay tortura”.

Se agrega que de acuerdo con datos del CCTI, para 2013 en la PGR había 162 médicos y 49 psicólogos atendiendo los casos de tortura en todo el país, y aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los organismos estatales pueden tener sus propios equipos para hacer los estudios, éstos no se toman como pruebas en una investigación.

Protocolo de Estambul
Una buena documentación puede encontrar la sintomatología correspondiente aunque no haya marcas, golpes, choques eléctricos o ahogamiento, es decir, lesiones físicas; para ello el CCTI da mayor importancia al dicho de la víctima y a encontrar huellas de lo sucedido, aunque no necesariamente haya laceraciones en el cuerpo.

“La mayoría, si no es que todos los protocolos oficiales, niegan que haya impacto psicológico o físico. Hay una parte del protocolo (de Estambul) que es el estudio de otros análisis médicos; (pero) ellos (peritos oficiales) no lo hacen. Lo hacen poco”, por ejemplo revisar la historia clínica antes del hecho.

En tanto que el equipo del CCTI considera factores como el hormigueo permanente en manos o rodillas de una persona que estuvo esposada o de rodillas, los sueños o los pensamientos recurrentes de las víctimas, o los sobresaltos que remiten al hecho de tortura o encarcelamiento. “Por eso hablamos de investigaciones de calidad de alguien que alega se torturado”, sostuvo Escareño Granados.

“Las procuradurías se centran mucho en la historia familiar, pero la utiliza para decir que justo por el ambiente familiar (las personas) son mentirosas o están llamando la atención, y por eso están diciendo que fueron torturados, y no propiamente para investigar cómo estaban emocional y físicamente; es básicamente para ver si son imputables o no”, agregó.

Es importante mencionar que también se ha detectado que los peritos oficiales pueden hacer largos interrogatorios de hasta 12 horas, sin descanso, sin agua para beber y sin permiso para salir al baño, y en sus análisis retoman las declaraciones del expediente penal o mezclan todas las corrientes psicológicas y los resultados se dejan a la interpretación.

“Nuestro principal elemento en el Protocolo de Estambul es el testimonio, escuchar a la persona, relatar lo que sucedió; los psicólogos tenemos la herramienta de la escucha y la observación clínica, eso es fundamental porque al momento de relatar hay un revivir, hay sensaciones físicas y psicológicas que nos hacen ver y correlacionar lo que pasó con lo que sintió y está sintiendo la persona”.

Edith Escareño aseguró que una propuesta de los grupos civiles para la nueva Ley General de Tortura, es la creación de un centro o institución forense independiente de las procuradurías, porque los peritajes deben ser realizados por médicos de la Secretaría de Salud o de la academia.

Fuente: bajo palabra

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Publicado en Derechos Humanos, Fábrica de Culpables, México, Nacional, Tortura

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