No hay diplomacia que alcance

Ricardo Raphael

Por EL UNIVERSAL

En lo que toca a los casos de tortura, ejecución extrajudicial, abuso de autoridad y desaparición forzada, México tiene un deterioro crónico que las instituciones nacionales no están siendo capaces de resolver.

Las denuncias contra México por violación a los derechos humanos hacen pilas muy altas en las oficinas de los organismos internacionales. La pesadilla de los actuales funcionarios es que cualquier día de estos se desplomen en cascada y sepulten políticamente al gobierno.

Sólo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) se hallan mas de mil 500 acusaciones en trámite. No existe otro país ahí sentado que posea una colección similar.

En marzo de este año el relator especial de la ONU contra la tortura, Juan E. Méndez, dijo en su informe que la tortura y los malos tratos continúan usándose en México como medio de investigación criminal; aseguró también que se trata de una práctica generalizada.

Cuatro meses mas tarde, Cristof Heyns, relator especial de la ONU contra las ejecuciones extrajudiciales, reprochó a México ho haber tomado conn seriedad las recomendaciones que presentó su oficina en su informe de 2014; en ese texto afirmo que la impunidad y la desatencion a las victimas son la norma mexicana.

Para muestra estan los casos recientes de RTlataya, Apatzingan y Tanhuato. Muy probablemenyte tambien lo ocurrido en Iguala, con los jóvenes normalistas, vaya a terminat encuadrado bajoi este delito.

A propósito de este ultimo expediente, hace 10 dias el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH compartió en público una serie de reflexiones. Su argumentación fue reiterada el martes de est semana por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas d la ONU, el cual lamentó ver el precance precario que ha exhibido México, desde 2011, cuando entregó de su lado otro reporte demoledor y obtuvo como respuesta, por parte del gobbierno un sonoro portazo.

“Los grandes desafíos detectados por el Grupo de Trabajo durante su visita (de 2011) y plasmados en el informe perduran. Salvo excepciones, la impunidad prevalece, los hechos no se esclarecen y las víctimas no reciben una adecuada e integral reparación…”(Hay) falta de reconocimiento cabal de la dimensión del problema”.

No importa cuánta diplomacia -dura o blanda- se pretenda hacer, lo cierto es que en lo que toca a los casos de tortura, ejecución extrajudicial, abuso de autoridad y desaparición forzada, México tiene un deterioro crónico que las instituciones nacionales no están siendo capaces de resolver.

Es justo por esta razón que los casos se multiplican en las instancias internacionales. Si el Estado mexicano no puede atenderlos, ocurre que es fuera donde desemboca la denuncia y sus nocivas consecuencias para el conjunto del país.

Frente a esta realidad el presidente Enrique Peña Nieto ha respondido alternativamente de tres maneras: 1) atacando al mensajero, como lo hizo el relator contra la tortura, Juan E. Méndez; 2) negando la realidad como el Ejército ha hecho con Tlatlaya y otras autoridades con Apatzingán y Tanhuato y 3) con humildad y ánimo de solucionar como sucedió más recientemente con el informe del GIEI.

Sin embargo, la solución de fondo no la tiene el gobierno federal. Quienes ostentan mayor responsabilidad son las autoridades de los ámbitos locales y sobre todo los gobernadores. Mientras ahí no se haga nada, los expedientes continuarán creciendo, sin importar cuánto inviertan la Cancillería o Gobernación en lidiar con los relatores y los grupos internacionales.

Por EL UNIVERSAL

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Publicado en Derechos Humanos, México, Nacional, Tortura

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