Gobierno utiliza a Isabel Miranda de Wallace para sacar a la CIDH del caso Ayotzinapa

Por: Lilia Arellano

A la administración federal de Enrique Peña Nieto ya no le es posible ocultar la profunda crisis de derechos humanos que resiente el país, la cual se ha agravado a causa de sus deficiencias en la administración y procuración de justicia. Los casos sonados de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero; la masacre de Ecuandureo, Michoacán; las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México; el presunto enfrentamiento en Tanhuato, Michoacán; y las masacres de San Fernando, Tamaulipas, así como la recurrente desaparición forzada de personas, son ejemplos palpables de la magnitud de dicha crisis, pero también de la falta de respuesta de los tres niveles de gobierno a las recomendaciones emitidas por organizaciones internacionales dedicadas a esta labor, incluida la de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El gobierno de Peña Nieto ha sido exhibido a nivel internacional por su falta de capacidad para investigar las desapariciones forzadas y para atender las recomendaciones de organismos internacionales. Y ello no es difícil dado que no se han mejorado los protocolos de investigación; no hay una base de datos confiable; no hay una sola definición legal sobre quién es un desaparecido en las leyes federales y estatales; no hay protección legal a los familiares de las víctimas; y no se investiga a fondo las violaciones a los derechos humanos realizadas por las fuerzas armadas. La Organización de las Naciones Unidas ha cuestionado la actuación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública y sobre todo que no exista un plan para su retiro de las calles.

La profunda crisis de derechos humanos en el país, de acuerdo con Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se manifiesta en las desapariciones forzadas -12 mil registradas en el sexenio de Felipe Calderón y más de 9 mil en lo que va de la gestión de Peña Nieto-, ejecuciones extrajudiciales, abusos de autoridad, tortura como método de investigación, la tensión entre el combate a la delincuencia y la promoción del derecho, la violación a los derechos de los migrantes, trata de personas e impunidad de los ataques a periodistas.

Los Esfuerzos de las autoridades están enfocados al ocultamiento de la situación, en lo que tampoco tienen éxito. En el escándalo internacional en el que se convirtió el caso Ayotzinapa, han intentado desde descalificar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hasta pasar por alto el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que han derrumbado la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR) y han puesto en evidencia las fallas en la investigación, pero sobre todo la intención de darle carpetazo al asunto y desligar a las fuerzas armadas de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, sin lograrlo, lo que ha sembrado más dudas sobre el trasfondo que derivó en el asesinato de estudiantes y la desaparición de los normalistas, y todo parece indicar que tiene que ver con la producción, tráfico y distribución de estupefacientes de esa región del estado de Guerrero hacia los Estados Unidos, y la compleja red de protección oficial al cártel de los “guerreros unidos”.

En unas horas más, este jueves, Enrique Peña Nieto sostendrá la segunda reunión con los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala. Fuentes de Presidencia habían confirmado que se realizará a las 13 horas en la Residencia Oficial de Los Pinos. La primera reunión de realizó el 29 de octubre de 2014, con la familia de los 43 estudiantes desaparecidos, en la que estuvieron también integrantes del Comité estudiantil de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Como se recordara, por la parte gubernamental participaron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño. A pesar de que como resultado del encuentro se firmó una minuta de 10 puntos con diversos compromisos de parte del gobierno para avanzar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, el resultado de dicho encuentro, según los padres de familia, fue de total decepción.

Para la reunión del jueves, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, anticipa que no sólo “será positiva”, sino que también “cumplirá con las expectativas”. Adelantó que en el encuentro también estarán presentes integrantes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI),
Dentro del marco de la entrevista destaca el hecho de que la Procuraduría General de la República (PGR) defiende la “verdad histórica” de su ex titular, Jesús Murilo Karam, a pesar de las evidencias científicas presentadas en contra tanto del GIEI como del EAAF, que hablan de la imposibilidad de que los normalistas hayan sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y que sus cenizas hayan sido arrojadas al Río San Juan, en Cocula, donde presuntamente desaparecieron, lo que desmorona por completo la “versión histórica” de la desaparición de los normalistas.

Las autoridades han atacado ese flanco intentando sacar a la CIDH del caso, para lo que han utilizado recientemente a la señora Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, quien con una gran falacia y retórica señala que no han trabajado con bases científicas lo que ha llevado a la politización del caso. También acusa un presunto conflicto de interés del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, por lo que exigió que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) abandone la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Acompañada por el primer zar antidrogas de la PGR, Samuel González Ruiz, Isabel Miranda salió el lunes a defender al titular de la Unidad Antisecuestros de la PGR y encargado de al indagatoria sobre Ayotzinapa, Gualberto Ramírez Gutiérrez, y a cuestionar la calidad de los 43 normalistas desaparecidos como víctimas, al señalar que fueron los primeros en infringir la ley para tomar autobuses y dijo que incluso podría darse el caso de que ni siquiera estén desaparecidos, ya que sus padres no han presentado la denuncia correspondiente por secuestro.

Fuente: Revolución 3.0

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Candil de la calle, oscuridad de su casa

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México hace bien en dejar entrar a la comunidad internacional. No hay un tal “sobre-escrutinio internacional”. Imagen tomada de Paper Blog

Hace no mucho le escuché decir a un alto funcionario de la Cancillería que “México vivía un sobre-escrutinio internacional en materia de derechos humanos y que había que ponerle fin a eso”. Sin afán de polemizar de más, llama poderosamente la atención el “sobre-escrutinio” al cual aludió el funcionario. Sé que no es una idea de un funcionario demente, sino que es una política en ciernes que el gobierno se propone imponer para cerrarle el paso a la comunidad internacional y así recibir menos críticas. Como si el problema fueran los informes de la ONU y la OEA y no la preocupante situación que vivimos respecto a violaciones de derechos humanos.

El año 2000 fue decisivo para insertar a México en el nuevo orden mundial. Todavía recuerdo con nitidez que el primer acto de gobierno de Vicente Fox fue firmar un acuerdo de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). La primera firma en un país en paz. De ahí, el gobierno federal lanzó la invitación permanente para que mecanismos especiales de las Naciones Unidas y de la OEA visitaran México. Y eso sí hay que reconocerlo: en las casi dos décadas que han pasado desde entonces casi todos los relatores especiales han visitado nuestro país.

Los informes que se han presentado sobre México por parte de la ONU y de la OEA son amplios y merecen mucha mayor atención de la que se les ha dado. Ha habido severos señalamientos, muy severos, como es el caso del relator contra la tortura, o el de libertad de expresión, o el de ejecuciones extrajudiciales. Detrás de ese lenguaje diplomático y algo condescendiente, hay señalamientos sumamente precisos y severos que la comunidad internacional le ha hecho a México. En otras palabras, por más que la diplomacia intente bajar el tono, la comunidad internacional ha cumplido con su tarea. Ahora bien, que el mismo sistema internacional sea suave ante condiciones y contextos difíciles, como el mexicano, es otra historia. Los mecanismos internacionales están diseñados con esa premisa: ser suaves.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) está de visita en nuestro país. Su visita sin duda llega en un momento muy importante para respaldar el trabajo que ha realizado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que revisó el proceder de la PGR en el caso de Ayotzinapa. Tener al pleno de la CIDH en nuestro país es una oportunidad que es necesario aprovechar para brindar información directa sobre violaciones a los derechos humanos que suceden regular y generalizadamente en nuestro país. Los miembros de la CIDH se reunirán con autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y directamente con víctimas. A pesar de su lenguaje suave, se espera el viernes un informe de misión severo para el gobierno mexicano.

En una democracia debe caber todo tipo de opiniones, hasta las mentiras o estupideces. Así es su naturaleza. En éstas, caben también las últimas aseveraciones de Isabel Miranda de Wallace que ha señalado de manera incendiaria que el GIEI tiene que salir del caso Ayotzinapa porque hay conflicto de interés, ya que Emilio Álvarez Icaza — mexicano— es el Secretario Ejecutivo de la CIDH. La ignorancia de Miranda de Wallace es evidente; simplemente no conoce cómo funciona el sistema interamericano. Pero lo interesante es cómo voces como la citada, o bien la del presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que afirmó lo siguiente:

“Esta Misión de Alto Nivel no tiene el propósito de ver los derechos humanos en México, incluido el derecho a la seguridad pública, sino que tienen un fin claramente político, contrario al mandato del organismo y que pervierte su razón de ser. Uno que busca desacreditar por completo a las instituciones públicas del país y desestabilizarlas”.

Sin duda, lo importante no es lo que dicen voces que no conocen el sistema, sino el efecto en el ámbito mediático que pueden tener tales falsas aseveraciones. La CIDH no está aquí para participar en un juego político a favor o en contra del gobierno mexicano. La visita oficial de la CIDH debe provocar cambios reales en nuestra realidad nacional.

A pesar de que tengo muy claro que la visita de CIDH a México es una buena noticia, no deja de rondarme en la cabeza la siguiente pregunta: ¿Qué aportará de nuevo la visita de la CIDH? ¿ Volverán a decir lo que ya decenas de informes internacionales han dicho o arrojará algo nuevo, más fuerte y contundente que permitirá generar cambios nacionales? ¿O se centrarán en repetir que la impunidad es el cáncer que debilita el goce de los derechos humanos, que la corrupción alimenta la impunidad y debilita el estado de derecho, etcétera?

Es imperativo que el aporte de la CIDH sea contundente. Porque hay que recordar que más que una visita para que la CIDH conozca la situación en México, es una visita para que ellos emitan señalamientos de tal envergadura que el gobierno mexicano tenga que echarlos a andar. De lo contrario, será un informe más, al cual no se le dará seguimiento y quedará como un hecho aislado y anecdótico. Y en esta cuestión habría que hacer un alto. La CIDH debe de aportar algo nuevo y no solamente simples recomendaciones que a la mera hora no son mas que buenas intenciones basadas en un deber ser.

México hace bien en dejar entrar a la comunidad internacional. No hay un tal “sobre-escrutinio internacional”. Es un logro que debemos valorar y reconocerle al gobierno. Por ello, sería absurdo que volvieran a cerrar la entrada. Quiero pensar que no hay marcha atrás. Aunque cuando recuerdo las últimas respuestas de la Cancillería ante el informe de Juan Méndez (Relator contra la Tortura de la ONU) me inclino a pensar que sí hay un grupo dentro del gobierno federal que contempla la idea de que se protegerá más al presidente si dejamos de recibir visitas internacionales.

Fuente: Sin Embargo

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Publicado en Derechos Humanos, Internacional, México, Señora Wallace

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