Resumen de los hechos

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En el año 2006 a la par del inicio del mandato Calderonista, la señora Wallace emprendió una cruzada para capturar a las personas que ella consideraba como los responsables del supuesto secuestro de su hijo. La primera persona en ser arrestada fue Juana Hilda González Lomeli el día 10 de enero, luego le siguió Cesar Freyre Morales el 24 del mismo mes, ambos detenidos por autoridades federales en el 2006. Subsecuentemente, el 8 de febrero de ese mismo año Juana Hilda confesó ante el ministerio público federal haber participado en el secuestro y posterior asesinato de Hugo Wallace, además de incriminar, entre otros, a Brenda Quevedo Cruz. Cabe señalar que posteriormente esta declaración auto inculpatoria sería impugnada por su defensa bajo el argumento que fue obtenida con coacción y en violación a sus garantías procesales. 

La persecución de Brenda Quevedo dio inicio el 3 de marzo de 2006, cuando su rostro fue exhibido a través de anuncios espectaculares de la compañía SHOWCASE, propiedad de la familia Wallace, colocados en diversos lugares del Distrito Federal. En dichos panorámicos se ofrecían 50 mil pesos por información que llevara a su captura, además se le acusaba públicamente como uno de las secuestradores y asesinos de Hugo Wallace. Posteriormente, otros dos de los acusados por la señora Wallace, los hermanos Tony y Castillo Cruz, se presentaron voluntariamente a comparecer ante el ministerio público siendo consignados. Debido a la gravedad de la situación es este lapso de tiempo en que Brenda Quevedo decide resguardarse en los Estados Unidos.

El 6 de abril del mismo año el juez de la causa otorgó a las autoridades federales orden de aprehensión en su contra. Durante su búsqueda la PGR expidió varios anuncios en donde se le consideraba como uno de los criminales más peligrosos del país además.

Después de una larga odisea, el 28 de noviembre de 2007 fue detenida por elementos del FBI en la ciudad de Louisville, Kentucky, en los Estados Unidos. Brenda Quevedo hacia cara a la deportación, sin embargo, decidió emprender una batalla legal para evitarlo. Desgraciadamente,     después de un largo juicio de deportación en donde el abogado defensor, experto en inmigración, Stanley J. Horn, alegó la posibilidad de que su cliente fuera torturada a su llegada a territorio mexicano, Ashman, el juez de la causa, negó su petición para finalmente autorizar su extradición.

El  25 de Septiembre de 2009, a su llegada al aeropuerto en México Quevedo asegura que fue amaneada por la señora Wallace, quien además afirma que le ofreció un beneficio jurídico si cooperaba.

Durante su permanencia en los distintos centros federales de readaptación social, Quevedo ha denunciado haber sido víctima de actos de tortura en dos ocasiones, la primera el 27 de septiembre de 2009, durante su estancia en la prisión de “Santiaguito” y la segunda vez el 13 de octubre de 2010, cuando se encontraba recluida en el complejo penitenciario de máxima seguridad conocido como “islas marías”. La madre de Brenda Quevedo, Enriqueta Quevedo, denuncio tales hechos por los que se llevó a cabo una investigación que culmino en junio de 2011 con la inacción penal por insuficiencia de pruebas.

Cabe señalar que el 1 de marzo de 2010 la abogada de Brenda, Ambar Treviño, decidió dejar el caso por haber sido víctima de intimidación, amenazas e incluso por haber sido arraigada para ser investigada por el delito  de delincuencia organizada concluyendo con su liberación por falta de pruebas.

Posteriormente, el 13 de julio del mismo año le fue practicado por la Tercera Visitaduría de la CNDH la valorización psiquiátrica en conformidad con las directrices del Protocolo de Estambul. Sin embargo,  cuando fue solicitada esta valorización dicha institución negó su existencia. No fue sino hasta el 25 de febrero de 2013 que la CNDH proporcionó a la madre de Brenda este documento que puede ser utilizado como prueba de la existencia de violaciones a sus derechos humanos.

Asimismo, en la diligencia del careo de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle y Cesar Freyre, todos los acusados coincidieron que habían sido amenazados, coaccionados y torturados por las autoridades para obligarlos a incriminarse mutuamente. También, cabe señalar que por las personas antes mencionadas se han interpuesto peticiones para denunciar las violaciones a los derechos humanos ante la Comisión IDH.          

Por último, cabe señalar que Brenda Quevedo también ha sido víctima de aislamiento, incomunicación, malos tratos y amenazas, además de haber sido recluida en  el Centro Penitenciario de las Islas Marías sin sustento legal que lo justifique.

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